El Boletín Oficial de las Cortes publica el Proyecto de Ley contra el fraude fiscal y las modificaciones que comporta sobre regulación del Juego

Desde el inicio de su formulación por el Gobierno y con continuidad en sus correspondientes procedimientos parlamentarios hemos venido informando a nuestros lectores sobre el Proyecto de Ley contra el fraude fiscal a su paso por ambas Cámaras, Congreso y Senado, que ahora culmina con su aprobación definitiva por el Congreso. El objeto de este Proyecto es dar cumplimiento a una Directiva del Consejo de Europa de 2016, estableciendo en el mercado interior de los países miembros medidas contra la elusión fiscal, lo que en nuestro caso ha conllevado modificaciones en diversas normas tributarias y también en la regulación del Sector y en la propia Ley del Juego de 2011.

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Entre los puntos más destacados en referencia a nuestro Industria podemos encontrar las modificaciones de la mencionada Ley del Juego donde se introducen literalmente estas nuevas responsabilidades: “…los operadores deberán informar a la autoridad encargada de la regulación del juego sobre las operaciones detectadas como fraudulentas y sobre la identidad de los jugadores que participen en ellas”. “No se requerirá el consentimiento del interesado para el tratamiento de datos que resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones previstas en este párrafo”.  Se asegurará “la debida diligencia en el seguimiento de la actividad de los participantes, con arreglo a elementos tales como los patrones de consumo, el nivel de depósito y gasto, los medios de pago utilizados o la capacidad económica de aquéllos, de cara a evitar prácticas fraudulentas y de riesgo”. Además “se exige a los operadores y las operadoras de juego colaborar en la lucha contra el fraude mediante la elaboración de un manual específico que incluya procedimientos y medidas específicos”.

Todo ello referido a los Operadores del Sector Privado, ya que en el caso del Juego Público la formulación es esta: “Se reconoce de forma expresa y específica el especial deber de colaboración con la Administración Tributaria de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Dicho deber de colaboración se podrá instrumentalizar a través de un convenio a suscribir con la Agencia Estatal de Administración Tributaria”. Pero en cualquier caso se busca una nueva transparencia o control en el Juego Público ya que “sin perjuicio de otras formas de colaboración que puedan resultar procedentes, el operador informará mensualmente por medios electrónicos sobre los premios pagados sujetos o no a retención, con identificación del perceptor y de su representante legal, fecha de celebración del sorteo o apuesta, fecha de pago del premio y forma de pago, y, en su caso, importe de la retención o ingreso a cuenta”.

En otro terreno, el Proyecto contempla la persecución del “juego no autorizado, ya se realice en el ámbito del Estado español, ya desde fuera de España y que se dirija al territorio del Estado, pudiendo requerir a cualquier proveedor de juegos o de servicios de juego, servicios de pago, entidades de prestación de servicios de comunicación audiovisual, medios de comunicación, servicios de la sociedad de la información o de comunicaciones electrónicas, agencias de publicidad, redes publicitarias y entidades patrocinadas, información relativa a las operaciones realizadas por los distintos operadores o por organizadores que carezcan de título habilitante o el cese de los servicios que estuvieran prestando”. Y también establece “combatir el fraude en las apuestas deportivas, y colaborar con las autoridades competentes en la prevención y la lucha contra el fraude y la manipulación de las competiciones deportivas”, para lo cual “la autoridad encargada de la regulación del juego podrá tener acceso a los datos de identidad tratados por las federaciones deportivas españolas y que sean necesarios para controlar el cumplimiento de las prohibiciones…

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