El Gobierno volverá a negociar con las autonomías las restricciones a la hostelería

El Gobierno ha reculado este lunes sobre las restricciones a la hostelería aprobadas la semana pasada en el Consejo Interterritorial. Después de que varias autonomías se declararan en rebeldía, denunciando una invasión de competencias, el Ministerio de Sanidad se ha puesto en contacto con las comunidades para buscar nuevas fórmulas y propiciar un consenso que hasta ahora se ha comprobado imposible. Atrás ha quedado la posición del departamento que dirige Carolina Darias, que hasta ahora señalaba que lo aprobado en el organismo era de “obligado cumplimiento”. 

El giro se produce después de que la Audiencia Nacional diera la razón a la Comunidad de Madrid, al menos de momento, y decidiera suspender el cumplimiento en Madrid de las restricciones al ocio nocturno y la hostelería acordadas para toda España en el Consejo Interterritorial de Salud y publicadas el sábado en el BOE. En un auto, el tribunal estima las medidas cautelarísimas incluidas en el recurso del Gobierno en funciones de Isabel Díaz Ayuso para oponerse al acuerdo.

En su recurso, Madrid solicitaba como medidas cautelarísimas (para que se resuelvan sin oír a las partes) y cautelares (tras estudiar las alegaciones que se presenten) no aplicar unas restricciones que, en opinión del Gobierno regional, «causan un daño inmediato, irreparable e insubsanable». La Sala de lo Contencioso-Administrativo le da la razón y acuerda suspender el cumplimiento y dar un plazo de tres días a la Administración General del Estado para que presente alegaciones para poder pronunciarse más en profundidad sobre las medidas cautelares. 

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El tribunal considera que se está ante dos intereses públicos en conflicto, uno el que representa la Administración del Estado y otro el que alega la Comunidad de Madrid, y en este momento el primero no sufre riesgo apreciable si las restricciones no se cumplen de momento. “Por el contrario, consideramos que el interés público que alega la comunidad autónoma está más necesitado de protección cautelar urgente”, aseguran los magistrados de la Sección Octava.

Evitar incertidumbre 

“Si no se adoptara ahora la medida cautelarísima, el escenario de incertidumbre se vería seriamente agravado y perjudicado si se admite un cambio en el nivel de restricciones. Se generarían así tres niveles distintos de restricción en un lapso temporal breve, lo que no es fácilmente justificable para el ciudadano, destinatario último de la protección pública ínsita en la discusión que nos ocupa”, asegura la Audiencia. 

En todo caso, agrega, la seguridad jurídica “concentra un interés público especialmente intenso, de tal suerte que su protección momentánea revela un interés cualificado, que denota la urgencia y necesidad de la medida cautelarísima y la justifica”.

Pocos minutos después de conocerse la decisión del tribunal, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, señaló que la Comunidad de Madrid y al Gobierno buscarán “alternativas consensuadas”. “Sería una pena que el control de la pandemia dependiese de criterios judiciales porque no hemos sido capaces de alcanzar un consenso”, dijo Simón.

Arruinar a la gente

«Hemos presentado un recurso en la Audiencia Nacional contra las normas frente a la covid que el gobierno de Sánchez quiere aplicar en Madrid. Son arbitrarias y atentan contra el sentido común e interés de los madrileños. Para seguir arruinando a la gente que no cuenten conmigo», decía en un tuit Díaz Ayuso.

Desde el Ejecutivo madrileño se consideran suficientes las medidas, bastante más laxas, aprobadas por la Consejería de Sanidad del pasado 7 de mayo, tras la finalización del estado de alarma. Y sostienen que la orden ministerial «se encuentra viciada ante el hecho incuestionable de no haber sido adoptada por consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud», ya que contó con la oposición de Madrid, Galicia, Murcia, Andalucía y Catalunya y la abstención de Castilla y León. El País Vasco ni siquiera participó en el debate, y este sábado se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en un texto que remarca que son medidas de obligado cumplimiento.