La nueva Ley del Juego de Aragón pone en peligro la continuidad y el empleo de más de 2.000 trabajadores

El anteproyecto de ley de modificación de la actual Ley del Juego de Aragón (Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón), que va a ser objeto de próxima tramitación en las Cortes de Aragón una vez que reciba el visto bueno del Ejecutivo autonómico puede causar, de aprobarse tal y como está formulado, el cierre de una treintena de establecimientos, una importante pérdida de empleos directos en las empresas del juego presencial y afecciones económicas en actividades relacionadas como la hostelería. 

Se trata de una delicada situación que la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón (AESA) quiere poner en conocimiento de la opinión pública, tras evaluar económicamente el coste de algunas de las medidas contempladas en el anteproyecto de ley. 

Es el caso, por ejemplo, de la planteada para permitir la monitorización, control y acceso remoto en tiempo real por parte de la Administración a las máquinas de juego instaladas en los salones, que, de llevarse adelante, requerirá inversiones que pueden llegar a los 200.000 euros por salón, imposibles de afrontar para la mayor parte de ellos. Además de que la Administración ya tiene esa información a su disposición en todos los salones, los empresarios del sector abogan por la sustitución paulatina de las máquinas por otras más modernas adaptadas al control remoto, como ya lo está el 50% de las que hay, pero advierten que es inasumible hacerlo de una vez. Del mismo modo, la contemplada homologación previa por parte del órgano competente en la gestión administrativa de juego, ya no solo de los sistemas de juego, sino de las plataformas, material de software, equipos, terminales y demás instrumentos complementarios o conexos a la actividad, va a suponer la paralización de todo un sector que tiene una importante dotación tecnológica en elementos como cajas registradoras, terminales de pago, rúters, programas de contabilidad y envío de información, etc. 

Otro punto de fricción son los controles de acceso y registro de visitantes, que la modificación legislativa quiere llevar a la entrada de los establecimientos para su realización por parte de un empleado. En Aragón, todos los salones de juego llevan a cabo el control de acceso de forma presencial por parte del personal de sala, que exige a los clientes la pertinente documentación de identificación, pero tener que hacerlo justo en la puerta y no poder incorporar tecnología como medios de reconocimiento biométrico, que sí se permiten en otras comunidades, obliga a duplicar el personal y, de nuevo, a incurrir en cuantiosos gastos. 

En la misma línea, respecto a la obligación de facilitar las tareas de inspección, si así es requerido, la nueva Ley también exige a los titulares de salones que conserven las grabaciones audiovisuales de sus instalaciones durante un periodo de tres meses en lugar de uno, como venía siendo hasta ahora, lo que, una vez más, implicará tener que realizar inversiones por parte del sector, además de chocar frontalmente con el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

Este artículo, relativo a los tratamientos con fines de videovigilancia, establece la 2obligatoriedad de suprimir los datos, con carácter general y salvo circunstancias extraordinarias, en el plazo máximo de un mes desde su captación. 

La nueva Ley del Juego impactará duramente también en el sector de la hostelería AESA quiere recordar asimismo que la modificación de la Ley del Juego de Aragón puede impactar negativamente en las cuentas de los negocios hosteleros, ya de por sí duramente castigados por la pandemia de la COVID-19. Esto es así porque se deja abierta la posibilidad de regular posteriormente mediante una orden las condiciones técnicas de las máquinas de juego instaladas en los establecimientos de hostelería para garantizar que no acceden al juego las personas inscritas en el Registro de Juego de Prohibidos, lo que puede obligar a los titulares de losestablecimientos hosteleros a tener que realizar en un futuro inversiones adicionales en equipos informáticos o personal dedicado a esta tarea. En consecuencia, buena parte de ellos puede plantearse eliminar las máquinas, con lo que también verán mermados sus ingresos en una cantidad que puede rondar los 7.000-12.000 euros por máquina al año. Si tenemos en cuenta que en Aragón hay 3.266 establecimientos hosteleros con máquinas (y que el 35% de ellos tiene más de una máquina), no es difícil intuir que, si estas desaparecen, lo harán a la vez cientos o miles de empleos. 


Una Ley que no aporta beneficio alguno a los colectivos a los que pretende proteger

Los empresarios del juego presencial en Aragón siempre han estado a favor de contar con un marco estable y consensuado en el que poder desarrollar su actividad. Sin embargo, tal y como se ha planteado, en palabras del presidente de AESA, José Antonio Rubio, “la actual modificación resulta innecesaria -no introduce ningún cambio que no se pudiera haber hecho mediante decreto-, injusta -coarta la libertad de unas empresas que ejercen una actividad perfectamente legal a las que ni siquiera permite publicitarse o comunicarse comercialmentecon sus clientes aunque estos lo hayan pedido, mientras que el juego online, de ilusión y público sí puede hacerlo libremente- e ineficaz para los colectivos a los que pretende proteger, para los que no establece planes de apoyo o aportación económica alguna por parte de una 

Administración que recauda más de 34 millones de euros al año, planes con los que el propio sector del juego sí cuenta”. Cabe recordar que, en términos fiscales, de cada 100 euros de venta en los salones de juego, 41 se destinan a financiar a las distintas Administraciones (local, regional, estatal y sistema de la Seguridad Social) por tasas e impuestos diversos, sin que estas cantidades retornen como los empresarios vienen demandando para fomentar el juego responsable y detectar usos problemáticos por minoritarios que sean. Son los propios empresarios los primeros interesados en el juego responsable y sostenible, para cuya consecución proponen a la Administración regularmente acciones. 

José Antonio Rubio ha indicado que “esperamos que los distintos grupos políticos representados en las Cortes de Aragón sean sensibles a este grave problema durante la tramitación del texto legal y hagan posible su mejora con enmiendas, porque les hemos hecho saber que, de no ser así, muchas familias y empresas aragonesas con décadas de trayectoria pueden verse afectadas”. En opinión del presidente de AESA, “aunque no consideramos necesaria esta Ley, la aceptamos en aras de lograr una mayor transparencia y responsabilidad.  Lo que no tiene ningún sentido es que provoque daños gratuitos que no benefician a nadie, salvo que se busque obtener un rédito político o una repercusión mediática sin mirar más allá o atender al interés general”.